SANTIAGO.- El
desconocimiento a un clamor de una comunidad, la vejación a un monumento
cristiano, la destrucción a la propiedad pública, los daños ambientales
causados, unido a la postura de dejar sin resuello la decisión del concejo de
regidores que dictó la prohibición de acceso a través del Parque del Reparto
Tito Hernández a los constructores de un proyecto habitacional ubicado en una
parcela que no pertenece a dicha comunidad; y haber dictado orden de echar
hacia atrás la posición del Abogado del Estado en relación a ordenar reponer la
pared y acoger los derechos de la Junta de Vecinos y de los adquirientes.
La pesadilla de cirineos
que acumulan los vecinos del Reparto Tito Hernández se pone nueva vez de
manifiesto con esta decisión de los representantes de la Oficina del Abogado del
Estado, licenciados Alba Núñez y Jacinto Mejía, que aplasta todos los derechos
de los residentes en el tranquilo vecindario, ahora abatidos por este uso
irracional del poder y la actitud incesante de los promotores del proyecto
habitacional del Grupo 4+4 SRL, representado por el licenciado José Espejo.
Los abogados del Estado
Alba Núñez y Jacinto Mejía, violaron con su resolución todos los derechos de la
Junta de Vecinos, que defienden el espacio de área verde que ocupa el parque
Monseñor Roque Adames Rodríguez. Esta
decisión contradice la resolución anterior, dictada por el licenciado Inocencio
Cruz Hernández Infante, Abogado del Estado, quien había reconocido la plenitud
de derechos de los adquirientes de inmuebles del Reparto Tito Hernández.
La Junta de Vecinos está
en pie de lucha para que se respete el espacio natural del Parque Monseñor
Roque Adames y el monumento erigido a dicho mitrado católico. Rechaza
tajantemente que se modifique la estructura del área verde para imponer una
extensión vial que ocasionará un caos en el tránsito y es atentatoria a la paz
social y a la seguridad.
Mediante orden escrita,
el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte,
coordinado por la magistrada Vielka Calderón Torres, instruyó en fecha 24 de
mayo de 2016, a dar Protección Policial a los miembros de la Junta de Vecinos
del Reparto Tito Hernández para que procedieran a reponer la pared que separa
dicho residencial de las parcelas 6-B22-b-2M y 6-B22-2-3 del Distrito Catastral
número 8 de Santiago, propiedad del Grupo 4+4 SRL.
En fecha 3 de mayo de
2016, el Abogado del Estado dictó la resolución ADE/000492, dada por el
magistrado Inocencio Cruz Hernández Infante, acogiendo la solicitud de la
Fuerza Pública a fin de que los adquirientes y/o Junta de Vecinos del Residencial
Tito Hernández puedan reponer la pared que divide dicho residencial de la
parcela propiedad del Grupo 4+4 SRL.
El caso ha ganado interés
en la comunidad de Santiago, una Junta de Vecinos decidida a lograr en
Justicia, que los derechos de los adquirientes de solares, hoy todos ocupados
por familias de clase media que allí construyeron sus casas, y que han logrado
vivir en orden, apegado a las normas municipales y del Estado.
Extrañados por la
decisión de dos magistrados, que avalan la intención de la compañía
constructora de vulnerar las políticas de planeamiento urbano, pretendiendo
imponer un paso vial hacia un proyecto de torres residenciales que apañarían
todo el orden y la tranquilidad que han podido construir como cultura los
vecinos del Reparto Tito Hernández.
Es de justicia confrontar
a quienes adquirieron una propiedad inmobiliaria constreñida en su valor
comercial y viabilidad a un barrio, no permitiendo que se agreguen por la
fuerza a la estructura vial de nuestra comunidad que está diseñada para un
tránsito reducido de personas y vehículos”, expresa la Junta de Vecinos Tito
Hernández.
La respuesta inmediata a
la decisión de los magistrados Núñez y Mejía, fue de tajante rechazo por los
vecinos del Reparto Tito Hernández.
Sostienen que sería un
caos el aumento de la movilidad en la zona, porque de repente una comunidad de
baja circulación vehicular, comenzaría a registrar un incremento en el número
de vehículos privados, deliverys, motoconchos, taxis y caminantes.
La decisión de la comunidad
es continuar resistiendo y acudiendo a todas las instancias del Estado para que
se impida que el poder ignominioso aplaste a la justicia y el derecho de los
ciudadanos a vivir tranquilos.
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