Tony Rodríguez
Santiago, RD.- Las
políticas públicas y los presupuestos para seguridad ciudadana y control del
delito están bajo toda clase de cuestionamientos en República Dominicana. Los casos de corrupción a gran escala, en que
se involucran funcionarios de mediano y alto nivel, militares y civiles, de los
tres lustros del siglo XXI, afean la imagen internacional y preocupa en el
ámbito criollo.
Casos como la compra con soborno de los aviones Super Tucano
y los contratos bajo soborno con Odebrecht, son la punta del iceberg que tintan
de corrupción a la clase política que gobierna desde 1996.
Período 2000-2004, gobierno del PRD que ahora es aliado al
PLD. 1996, 2004, 2008, años en que se
iniciaron cuatrienios bajo el mandato de Leonel Fernández y 2012-2016 vigente,
bajo el mando de Danilo Medina, son
sinónimos de alto relieve en denuncias de corrupción y labor casi nula de la
Justicia en lo atinente a la persecución y castigo a los corruptos.
Los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, pese a
estilos distintos en las ejecutorias del gasto, resuenan por las deficitarias
políticas para enfrentar la corrupción y la delincuencia común. Mientras, Hipólito Mejía carga el fardo de
haber endosado al Banco Central el
voluminoso desfalco a bancos privados protagonizado por actores del mundo
financiero que terminaron con sanciones benignas en lujosas celdas; además del tollo y las dudosas
negociaciones con los generadores eléctricos criollos y gánsteres internacionales
revestidos de corporativos.
Desde Brasil y Estados Unidos han saltado al mundo procesos
judiciales contra ejecutivos y firmas, especialmente brasileñas, que
desencadenan en actos de condena, por las malas artes utilizadas por compañías
que han ganado contratos para la venta de aviones y realización de obras de
infraestructura.
La indagatoria a Embraer, fabricante de aviones brasileira,
concluyó con una multa de 107 millones de dólares, tras comprobarse acciones
fraudulentas. Esta firma, vendió a República Dominicana ocho aviones
del modelo Super Tucano, operación de la que se ha denunciado sobreprecio y
soborno a funcionarios pertenecientes a la administración Leonel Fernández,
ligados a la gestión de compra.
En Brasil,
confesos corruptos del caso Odebrech, dieron cuenta de que pagaron sobornos por
92 millones de dólares a funcionarios dominicanos, para ganar el favor de
contratos de obras de infraestructura, durante el período 2000-2014.
Pero no solo
preocupa la ausencia de persecución y castigo a estos casos, la sociedad
dominicana de hoy está cargada de estrés por la incidencia de la delincuencia
armada y el raterismo.
Los
presupuestos gastados en materia de prevención y persecución de la delincuencia
se han vuelto un barril sin fondo, a la vez que una trinchera en la que
sucumben los distintos planes que elabora, anuncian y ejecutan sin logros, los
órganos destinados a salvaguardar la paz y la seguridad de la población.
La seguridad
se ha convertido en un costo agregado para las empresas y para las
familias. El modelo de viviendas en que
ahora viven los dominicanos es matizado por la carga de herrajes (puertas y
ventadas selladas en hierro), y el temor lleva más lejos, como disponer de
cámaras de videovigilancia, alarmas, guachimanes, perros y labor de guardia
familiar, es decir, no dormir para estar en recelo.
El argumento
de los bajos salarios de policías y militares es ajado para los medios de
comunicación. Se ha intentado formar una
asociación de policías, y esto ha sido impedido por organismos oficiales que
niegan el derecho a los encargados de resguardar las calles y las vidas y propiedades,
a exigir mejores condiciones salariales.
En República
Dominicana la visitación turística crece y mejora la educación, sectores que
han estado abonados por leyes de incentivos y presupuestos privilegiados. La salud, la vivienda, el ambiente y la seguridad
ciudadana se presentan como las cenicientas en materia de atención estatal.
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